Cortesía La Prensa de Nicaragua.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua instó este viernes a los partidos de cara a las elecciones de noviembre próximo a cumplir con polémicas leyes que sacan de competencia a líderes de masivas protestas que pedían la renuncia del presidente Daniel Ortega.
No pueden ser inscritos como candidatos a cargos de elección (...) quienes no llenen las calidades, impedimentos o les fuere prohibido" por las leyes de agentes extranjero y de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. indicó la resolución del tribunal electoral.
Los magistrados, cuya mayoría es afín al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), recordaron a los partidos a "no inscribir" a quienes encabecen o intenten golpes de estado, alteren el orden y fomenten actos "terroristas".
También, están inhibidos quienes inciten a la injerencia extranjera o se organicen con financiamiento extranjero para actos de terrorismo y desestabilización.
La advertencia del CSE se produce cuando la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), principal fuerza opositora, realiza un proceso de inscripción y selección de un candidato para los comicios del 7 de noviembre próximo.
Entre los postulantes para optar a la candidatura estaría la periodista Cristiana Chamorro, quien pese a estar bajo arresto domiciliario, por acusaciones de lavado de dinero que le formuló la Fiscalía General, según juristas, aún puede ser inscrita mientras no haya una sentencia firme de un juez.
Según una reciente encuesta, Chamorro es la aspirante con mayor apoyo ciudadano después de Ortega, quien aún no ha oficializado su candidatura para buscar un cuarto mandato sucesivo.
Si continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso (...) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio". dijo el exdiplomático y precandidato de CXL, Arturo Cruz.
En tanto el precandidato Félix Maradiaga, calificó de "un acto cobarde impedir la verdadera competencia electoral, no debe ser reconocido como legítimo por ningún partido opositor" y acusó al tribunal de hacer un "descarado chantaje" a los partidos.
Ortega, de 75 años y 14 en el poder, encara desde 2018 una crisis política detonada por protestas que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)